Las
crisis económicas se tienden a presentar a la opinión pública como situaciones
indeseables ya que se suele producir un alto nivel de desempleo y esto,
naturalmente, haría aumentar la pobreza y el desamparo. Pocos economistas
negarán el grave problema que supone para un país tener una gran bolsa de
desempleados.
Ahora
bien, ciertas corrientes de pensamiento económico consideran que lo que solemos
denominar “crisis económicas” no son más que procesos de reestructuración de la
economía, de la sociedad en su conjunto.
En
este mismo sentido, la Escuela Austriaca de economía señala que las crisis son
procesos necesarios por los que se debe pasar para poder eliminar todas
aquellas inversiones no rentables que se produjeron, normalmente, a
consecuencia de la manipulación monetaria (esto es, unos tipos de interés
excesivamente bajos). Yo añadiría que se trata de redirigir los recursos
económicos hacia allí donde se hubieran dirigido de no haber habido esa
manipulación en los tipos de interés y demás políticas que lo único que
provocaron fue una asignación de los recursos ineficiente y, por tanto, no
sostenible en el medio/largo plazo.
Veamos
el ejemplo de la burbuja inmobiliaria en España, de principios de los 2000 hasta
2007. Durante dicho periodo, el número de empleados en el sector de la
construcción se elevó a más del doble, pasando de aproximadamente 1 millón a
más de 2 millones. Hacia finales del 2007 el precio de la vivienda, como
consecuencia de una menor demanda que ya venía de unos meses atrás, cayó hasta
un tercio de su valor. Ante estos datos, había economistas que entendían que el
nivel de empleo en este sector era exagerado para la demanda actual de vivienda
en 2008 y los próximos años. Por consiguiente, estimaban que era posible que se
perdieran un millón de puestos de trabajo solo en ese sector, por el simple
hecho de que la economía (y más en concreto, el sector inmobiliario) se debía
reestructurar. Así pues, todos estos desempleados, más otros de diferentes
sectores cercanos al de la construcción, deberían de reasignarse a aquellos
otros sectores donde realmente se les necesitara.
Ahora
bien ¿dónde se necesitan todos esos factores productivos? Siguiendo con la
misma corriente de pensamiento, es tarea de los empresarios descubrir vías de
negocio sostenibles en las que emplear esos recursos; desde luego no
corresponde al Estado hacerlo. La principal razón, aunque no la única, es que
nadie dispone de la información necesaria para prever el futuro, esto es, la
cuestión de si esos negocios serán rentables en los siguientes años. Así, entre
un grupo de planificadores centrales y un ejército de empresarios son estos
últimos los que tienen más probabilidades de acertar en sus decisiones, aunque
sea por el simple hecho de que son muchos y, por tanto, será más fácil que
alguno acierte.
Así
pues, podemos concluir asumiendo que el papel del Estado no es evitar ni
retardar esa reasignación de recursos sino intentar agilizar la estructura
económica del país para que dicha reestructuración se dé lo antes posible.
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