Uno
de los mayores riesgos de la política de redistribución de rentas es que se
perpetúe en el tiempo un privilegio para un colectivo en concreto sin que haya
la más mínima opción de revisarlo. Esto es así ya que el coste de dicha
subvención se reparte entre el conjunto de la sociedad, diluyéndose e incluso
enmascarándose; mientras, el beneficio irá a un grupo de interés muy particular
que defenderá con uñas y dientes ese privilegio que se le otorgó. Así, es de
suma importancia evaluar quién se beneficia más y quien sale peor parado con
este tipo de políticas. Veamos el ejemplo de la Política Agrícola Común de la
UE (aunque este análisis se pueda extrapolar a cualquier otro mecanismo de
ayudas a la agricultura de los países de la OCDE).
En
primer lugar, tratándose de ayudas de una cantidad considerable, el grueso de
los contribuyentes tiene que soportar una gran cantidad de impuestos. Una de
las vías más importantes para conseguir ingresos de cualquier país es el IVA,
impuesto en el que los pobres salen especialmente perjudicados debido a que, al
consumir casi la totalidad de sus ingresos en consumo, la contribución a este
impuesto es mayor, proporcionalmente, que la que podría ser para contribuyentes
con un mayor nivel de renta (en el que no se consuma una alta proporción de la
renta).
En
segundo lugar, los contribuyentes son golpeados por unos precios más elevados
en los productos alimenticios. Recordemos que estas ayudas permiten, en muchos
casos, que empresas agrícolas extranjeras no puedan introducir sus productos
más baratos en el país que otorga subvenciones. Así, de nuevo, los pobres
vuelven a ser el grupo de la población más perjudicado ya que es el que gasta
una mayor proporción de su renta en alimentos.
En
tercer lugar, cabe preguntarse ¿a dónde van esas ayudas? Indudablemente, van a
parar a agricultores. Ahora bien, el hecho de que un alto porcentaje de estas
ayudas se dirijan a grandes terratenientes hace que algunos economistas las
califiquen como un mecanismo oscuro y diabólico de redistribución de renta de
pobres a ricos dentro de un mismo país.
Sin
embargo, hasta ahora solo hemos analizado el impacto de estas ayudas en el
mismo país donde se otorgan. Además de estos efectos, estas políticas, al
impedir la libre competencia entre países por los productos agrícolas, imponen
costes a los países en desarrollo ya que deberán de abaratar aún más sus
productos para poder introducirlos en los países desarrollados. En
consecuencia, los productores y exportadores de productos agrícolas ven
fuertemente reducida su renta, al no poder optar por esos nuevos mercados. Es
más, si también tenemos en cuenta que los países en desarrollo más pobres suelen
tener una mayor proporción de su PIB destinado a la producción y exportación de
productos agrícolas, queda patente que son los países más pobres los que salen
más perjudicados.
En
definitiva, se trata de un sistema de ayudas que, lejos de beneficiar a los
pobres, acaba mejorando la situación de los más pudientes en detrimento de los
más desfavorecidos, tanto de los países desarrollados como en desarrollo.
Fuentes:
De la Dehesa, Guillermo (2003). Globalización, desigualdad y pobreza (páginas 178 y ss.).
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