De cómo privatizar correctamente

 

El enfoque bajo el que se suele examinar si una privatización es, o no, beneficiosa para el conjunto de la sociedad tiende a dejarse en el tintero un aspecto fundamental.

Cuando los partidarios de la intervención estatal se manifiestan en contra de las privatizaciones argumentan que lo único que se consigue es enriquecer al futuro propietario de la empresa pública a costa del grueso de los consumidores, que deberán pagar más por los bienes o servicios prestados (entendiendo, correctamente, que los precios públicos, al estar subvencionados, son más baratos).

Aunque este análisis es bastante correcto, se oculta el hecho de que, al crear una empresa pública, ésta siempre debe ser financiada, en parte, por impuestos. Así, mantener una empresa pública no es más que una política de redistribución de rentas, del grueso de los contribuyentes (ya que al aumentar los impuestos, se reduce su renta disponible) a aquellos afortunados que sean beneficiarios de los bienes o servicios que preste la empresa pública, a un precio menor del de mercado. Asimismo, hay que señalar que, una vez privatizada la empresa, no habría ninguna razón por la que seguir manteniendo los impuestos destinados a financiarla; por tanto, la reducción de éstos dotará a los contribuyentes de una mayor renta con la que podrán mantener aquellas empresas cuyos bienes o servicios estén realmente interesados en obtener.

Sin embargo, hasta ahora, seguimos sin prestar la debida atención a la cuestión de cómo deberían de llevarse a cabo las privatizaciones con el objetivo de mejorar el bienestar del conjunto de la sociedad. Y es que lo fundamental no es tanto la privatización en sí, sino la introducción de la competencia en ese negocio en concreto.

Los monopolios crean ineficiencias en las economías, tanto si se trata de empresas públicas como privadas. Acabar con éstos y ampliar el mercado a la competencia redunda en beneficio de todos, al aumentar de forma significativa la eficiencia de las empresas del sector.

Así, el error más común que cometen los políticos al privatizar empresas públicas es, precisamente, no abrir ese negocio en particular a la competencia, sino otorgar un monopolio, que antes era público, a manos privadas. Prefieren centrarse en el beneficio propio derivado de una mayor financiación a corto plazo, en lugar de mejorar el servicio al público en el medio y largo plazo.

Fuentes:

De la Dehesa, Guillermo (2003). Globalización, desigualdad y pobreza (página 101).