En último lugar tenemos la política fiscal, que es la capacidad del Estado de incrementar la demanda nacional vía aumento del gasto público y/o rebajas de impuestos, incurriendo normalmente en déficit presupuestario, esto es, endeudándose. En este caso, y simplificando bastante la cuestión, el Estado debe escoger entre dar cierta seguridad a los tomadores de deuda soberana o al sector privado que soporta la presión impositiva. Para las dos estrategias hay costes y beneficios.
Si
el Estado se compromete a mantener una ratio deuda/PIB determinada y lo
consigue transmitir de manera fiable, todos aquellos que tengan la intención de
comprar deuda pública considerarán que se trata de un país serio en el que es
poco probable que se den grandes desequilibrios financieros, así, es igualmente
probable que la prima de riesgo (el tipo de interés de más que se pide en el
mercado para que el Estado pueda colocar su deuda) no se eleve mucho.
Sin
embargo, al introducirse un límite a la emisión de deuda, se crea entre el
sector privado la expectativa de que, si se inician políticas de estímulo vía
aumento del gasto público, posteriormente el Estado llevará a cabo políticas de
austeridad con el fin de reducir la deuda pública a los límites establecidos.
Es aquí cuando aparece el término de Equivalencia Ricardiana que viene a
decirnos que el sector privado, al ver aumentar la deuda soberana por encima
del umbral establecido, esperará subidas de impuestos en el futuro y, como
consecuencia, ahorrarán detrayendo consumo e inversión actuales. Así, si la
demanda nacional (en una economía cerrada) está compuesta por el consumo, la
inversión y el gasto público, a la vez que aumenta este último, los dos
primeros bajarían, disminuyendo el efecto de la política de estímulo del gasto
público. Aquí tendríamos, pues, que al intentar calmar a los mercados
financieros, se logra que la política de estímulo pierda parte de su efecto
deseado.
Por
otra parte, si el Estado decide calmar al sector privado haciéndole ver que
aunque la deuda pública alcance altos niveles no se llevarán a cabo subidas
impositivas para lograr bajar el nivel de endeudamiento público, es probable
que, en un principio, el consumo y la inversión privados no se vean afectados
negativamente.
Ahora
bien, los tomadores de deuda soberana percibirán mayores riesgos al ver subir y
subir la deuda del Estado y, en consecuencia, exigirán tipos de interés más
elevados a fin de compensar ese riesgo que están asumiendo. Esta mayor prima de
riesgo hace aumentar más rápidamente la ratio deuda/PIB, con lo que, aunque en
un principio el sector privado no temiera una subida de impuestos en el futuro,
esta expectativa podría revisarse y llevar al sector privado a actuar en
consecuencia, esto es, empezando a ahorrar. El principal inconveniente que
tiene seguir este tipo de política es que nadie puede endeudarse
ilimitadamente. Así, no es del todo descartable que el país acabe llegando a
una situación de impagos al no lograr colocar su deuda.
En
realidad, recordemos que hemos simplificado bastante la cuestión, los estados
prefieren centrarse en la segunda estrategia, al creer, con parte de razón, que
es poco probable que los tipos de interés de la deuda soberana suban a altos
niveles cuando el endeudamiento público se encuentra dentro de unos límites,
que resultan ser bastante amplios para algunas economías. Volveremos sobre este
tema en otra ocasión.
Así,
como se ha podido ver, la intervención del estado en la economía se puede
comparar a aquel capítulo de Alicia en el
país de las maravillas en que la Reina de corazones y Alicia juegan al
croquet, pero no con simples mazos y bolas inanimados, sino que éstos se
convierten en flamencos y erizos que pueden, o no, seguir los designios del
jugador.
0 Comentarios